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¿La accesibilidad trae desarrollo o el desarrollo trae accesibilidad?

1. Introducción

La accesibilidad, en sus aspectos de movilidad, inclusión urbana, digital y social, y el desarrollo, sea económico, social o tecnológico, están intrínsecamente ligados. Las ciudades con transporte eficiente, infraestructura inclusiva y tecnologías accesibles tienden a proporcionar mejor calidad de vida y oportunidades, lo que puede impulsar el crecimiento socioeconómico. Por otro lado, los niveles elevados de desarrollo pueden proporcionar los recursos y las inversiones necesarios para implementar mejoras en accesibilidad. Ante ese “dilema del huevo y la gallina”, este estudio busca analizar, con base en datos históricos y evidencias, si la accesibilidad impulsa el desarrollo o si es el desarrollo el que genera mejoras en accesibilidad. El objetivo central es examinar la dirección de esa relación, o si ambas se retroalimentan, de forma crítica y fundamentada en indicadores de fuentes como la ONU, el Banco Mundial y el IBGE. Se presentarán definiciones de los conceptos clave, corrientes de pensamiento opuestas, análisis de casos (globales y de Brasil) y visualizaciones (gráficos y tablas) para ilustrar tendencias, proporcionando una comprensión accesible del tema para el público general.

2. Definiciones y conceptualización

Accesibilidad: de forma simplificada, la accesibilidad es la ausencia de barreras que garantiza igualdad de oportunidades para todos. Implica permitir que personas con diferentes habilidades (físicas, sensoriales, cognitivas) participen plenamente de la vida urbana y digital. El concepto abarca:

  • Diseño Universal: enfoque de proyectar ambientes, productos y servicios utilizables por el mayor número de personas posible, sin necesidad de adaptación específica. En otras palabras, significa “diseño para todos”, incluidas las personas con discapacidad, independientemente de la edad o la condición. Por ejemplo, rampas en lugar de solo escaleras, señalización visual y sonora en los ascensores, sitios web compatibles con lectores de pantalla: todo pensado desde el inicio para atender a diversos usuarios. Los proyectos basados en diseño universal garantizan igualdad de condiciones de uso desde su concepción.
  • Inclusión urbana y movilidad: se refiere a planificar las ciudades de forma que todas las personas consigan desplazarse y acceder a los espacios públicos. Esto incluye aceras accesibles, transporte público adaptado (autobuses con elevadores, vagones de metro sin hueco), cruces seguros, baños públicos accesibles, etc. La accesibilidad urbana se define como la facilidad para llegar a oportunidades de empleo, servicios de salud y educación, ocio y áreas verdes. Su nivel depende tanto de la eficiencia de la red de transporte como de la distribución de esas oportunidades por la ciudad. Por ejemplo, una ciudad accesible tiene escuelas, hospitales y empleos cercanos o bien conectados con las viviendas, reduciendo el tiempo y el esfuerzo de desplazamiento para todos, incluidas las personas con movilidad reducida.
  • Accesibilidad digital: significa garantizar que las tecnologías de la información y la comunicación (ordenadores, smartphones, aplicaciones, sitios web) sean utilizables por todos. Esto pasa por facilitar una conexión a internet de calidad a amplias porciones de la población (inclusión digital), así como por adoptar tecnología de apoyo y buenas prácticas de diseño (subtítulos en vídeos, lectores de pantalla para personas ciegas, contenidos en lengua de señas para personas sordas, interfaces simples para personas mayores, etc.). Un ejemplo es un gobierno digital accesible: servicios públicos en línea con lenguaje claro y compatibles con tecnologías de apoyo, permitiendo que los ciudadanos con discapacidad ejerzan su ciudadanía sin barreras.
  • Inclusión social: se refiere a integrar a los grupos históricamente marginados (personas con discapacidad, personas mayores, población de baja renta, etc.) en las oportunidades de la sociedad. Las políticas de cuotas en el mercado laboral para personas con discapacidad, la educación inclusiva en las escuelas regulares y los programas de accesibilidad en espacios culturales (museos, teatros con recursos de audiodescripción) son ejemplos de medidas que promueven la inclusión social.

Desarrollo: tradicionalmente se asocia al crecimiento económico (aumento del PIB, industrialización, urbanización, generación de empleos y renta). Bajo esa óptica, una sociedad desarrollada sería aquella con una economía fuerte, infraestructura moderna y altos estándares de consumo. Sin embargo, los enfoques modernos amplían el concepto para englobar el desarrollo humano y sostenible, incluyendo la mejora de indicadores sociales (educación, salud, distribución de la renta), la preservación ambiental y el fortalecimiento del capital social.

  • En el paradigma clásico, el desarrollo se medía por indicadores como la renta per cápita, la tasa de urbanización o la producción industrial. Por ejemplo, durante el siglo XX muchos países se centraron en urbanizarse e industrializarse rápidamente, priorizando con frecuencia el crecimiento económico incluso a costa de la desigualdad o la degradación ambiental.
  • El desarrollo sostenible, consolidado a partir de la Comisión Brundtland (1987) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS, 2015), preconiza un equilibrio entre progreso económico, justicia social y conservación ambiental. Es decir, “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras”, integrando crecimiento con inclusión y sostenibilidad. Así, una ciudad desarrollada hoy no es solo rica, sino también inclusiva y verde.
  • El capital social se refiere a las redes de confianza, cooperación y compromiso cívico dentro de una comunidad. Un alto capital social (por ejemplo, comunidades donde las personas confían unas en otras, participan en asociaciones y ayudan a los vecinos) se considera un factor de desarrollo moderno, pues las sociedades cohesionadas tienden a tener mejor gobernanza, menos violencia e incluso más dinamismo económico. Un ejemplo es cómo las ciudades con participación comunitaria activa consiguen implantar proyectos de mejora urbana de forma más eficaz, beneficiando al desarrollo local.

En suma, en este estudio entendemos la accesibilidad de forma amplia, englobando el acceso físico, informacional y socioeconómico, y el desarrollo como un proceso multidimensional. La relación entre ambos se examinará a continuación bajo diferentes prismas teóricos y evidencias prácticas.

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3. Corrientes de pensamiento y fundamentación de los argumentos

Para delimitar el análisis, podemos dividir las visiones sobre la relación entre accesibilidad y desarrollo en dos grandes corrientes. La primera ve la accesibilidad como motor del desarrollo, es decir, las mejoras en accesibilidad serían causantes o catalizadoras del progreso socioeconómico. La segunda ve el desarrollo como condicionante de la accesibilidad, lo que implica que solo tras alcanzar cierto nivel de desarrollo una sociedad consigue invertir ampliamente en políticas accesibles. Presentamos a continuación los argumentos de cada perspectiva, apoyados por datos y estudios.

A. La accesibilidad como motor del desarrollo

Los defensores de esta corriente argumentan que invertir en accesibilidad no es solo una cuestión moral o legal: trae también un retorno socioeconómico tangible. La lógica es que unos ambientes, servicios y tecnologías más inclusivos permiten que más personas participen activamente en la economía y en la vida pública, aumentando la productividad, el consumo y la riqueza general. Algunos puntos clave: la infraestructura inclusiva mejora la calidad de vida y la productividad. Cuando una ciudad tiene aceras accesibles, transporte público adaptado y edificaciones con diseño universal, todas las personas (con o sin discapacidad) se benefician de una movilidad más fácil y segura, lo que resulta en habitantes más activos económicamente y con mayor bienestar. Los estudios del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) indican que la accesibilidad urbana, entendida como la facilidad para llegar a empleos, escuelas, servicios de salud y ocio, está correlacionada con el desarrollo social y económico de las ciudades. Esto se debe a que al mejorar el acceso a las oportunidades se reducen desigualdades y se aprovecha de forma más plena el potencial humano disponible en una región. Un ejemplo concreto: una investigación sobre transporte urbano mostró que ampliar en un 10% la oferta de transporte público puede elevar el PIB de una ciudad en cerca de un 1% a 2%, dada la mayor eficiencia en el desplazamiento de trabajadores y consumidores. Es decir, la accesibilidad en la movilidad genera ganancias económicas medibles.

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  • Los espacios urbanos y digitales accesibles atraen inversiones y amplían mercados: Las ciudades y los países que adoptan estándares elevados de accesibilidad muchas veces se convierten en polos atractivos, sea para el turismo o para los negocios. Un estudio global señaló que los destinos turísticos accesibles consiguen captar un mercado creciente de viajeros con discapacidad y personas mayores, moviendo hoteles, restaurantes y comercio local. De forma análoga, las empresas que invierten en el diseño universal de sus productos y servicios conquistan una base de clientes mayor. Por ejemplo, los sitios accesibles alcanzan no solo a las personas con discapacidad, sino también a los usuarios en general que aprecian una navegación simple; un caso citado fue el de una empresa del sector financiero que vio un aumento del 20% en el tráfico de su sitio web tras implementar mejoras de accesibilidad en la interfaz. A nivel macroeconómico, los países inclusivos pueden tener una ventaja competitiva, pues utilizan mejor el talento de toda su fuerza laboral y evitan desperdiciar capital humano.
  • Los datos y estudios corroboran la correlación positiva entre accesibilidad y crecimiento económico: Los organismos internacionales vienen cuantificando el impacto de la inclusión de las personas con discapacidad en la economía. Según el Banco Mundial, la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral y del consumo puede acarrear una pérdida de hasta el 3% al 7% del PIB de un país. Esto ocurre porque la falta de accesibilidad en la educación y en el trabajo lleva a bajos niveles de empleo entre esas personas, mayor pobreza y dependencia de ayudas. Inversamente, incluirlas genera un dividendo económico: las estimaciones de la OIT indican que los países que adoptan políticas de inclusión pueden aumentar significativamente su PIB al aprovechar la participación de esa parte de la población. En términos simples, al eliminar barreras (en la escuela, en el transporte, en el entorno digital) se transforma un contingente hoy infrautilizado en trabajadores productivos y consumidores activos, impulsando el crecimiento.
  • Ejemplos prácticos de la accesibilidad impulsando el desarrollo:

– Educación inclusiva: Garantizar el acceso de los niños con discapacidad a la educación básica y superior produce ganancias a largo plazo, formando a más personas cualificadas que contribuyen económicamente. Los informes de la ONU muestran que hoy el 15% de los niños con discapacidad del mundo no asiste a la escuela; al revertir ese cuadro mediante escuelas accesibles (con profesores capacitados, materiales en braille, etc.), se aumenta la escolaridad media de la población, un indicador fuertemente asociado al desarrollo de un país.

– Tecnología de apoyo e innovación: Las inversiones en tecnología de apoyo (prótesis de bajo coste, software de voz, aplicaciones de accesibilidad) pueden estimular sectores de alta tecnología e innovación, creando nuevos productos y startups. Los países que se convierten en centros de tecnologías inclusivas (como audífonos, lectores de pantalla, vehículos autónomos accesibles) obtienen beneficios económicos exportando esas soluciones globalmente. Además, la innovación generada para atender a las personas con discapacidad muchas veces beneficia a toda la sociedad, fenómeno conocido como efecto curb cut. Por ejemplo, el desarrollo del control por voz en los smartphones, pensado para personas con dificultades motoras o visuales, acabó popularizándose ampliamente a través de los asistentes virtuales, moviendo nuevos mercados. Ese efecto cascada de la accesibilidad impulsa la productividad y el crecimiento de forma indirecta pero poderosa.

– Trabajo y renta: Los ambientes de trabajo accesibles (físicos y digitales) permiten que más personas ingresen en el mercado formal. Las empresas inclusivas reportan ganancias de desempeño: hay evidencias de que las compañías que priorizan la diversidad y la inclusión (incluidas las personas con discapacidad) tienen un 28% más de ingresos y el doble de beneficio neto en promedio, según estudios compilados por el Foro Económico Mundial. Esos resultados positivos incentivan más inversiones y demuestran que la accesibilidad también es buena para los negocios.

En resumen, la visión de la accesibilidad como motor del desarrollo sostiene que las políticas inclusivas generan un ciclo virtuoso: al permitir una amplia participación social y económica (especialmente de grupos antes excluidos), la sociedad se enriquece, no solo financieramente, sino en capital humano y cohesión social, lo que a su vez retroalimenta nuevas mejoras. En palabras de un informe del Portulans Institute, cuando ignoramos los desafíos de los más vulnerables, esos desafíos se convierten en un freno al crecimiento; pero al derribar barreras y construir caminos accesibles hacia el éxito, todos salen ganando.

B. El desarrollo como condicionante de la accesibilidad

La corriente opuesta argumenta que la relación es principalmente inversa: primero hay que alcanzar cierto nivel de desarrollo para luego viabilizar la accesibilidad a gran escala. Desde ese punto de vista, la accesibilidad plena es resultado de sociedades prósperas que pueden permitirse, o tienen la capacidad institucional para, invertir recursos significativos en adaptaciones, tecnologías de apoyo e infraestructura especializada. Los principales argumentos incluyen:

  • El crecimiento económico viabiliza inversiones públicas y privadas en accesibilidad: Implementar autobuses adaptados, reformar aceras, instalar ascensores en estaciones de metro antiguas, desarrollar software de inclusión: todas esas acciones demandan recursos financieros y capacidad técnica. Los países o ciudades en desarrollo frecuentemente luchan por proporcionar incluso los servicios básicos, de modo que prioridades como la accesibilidad acaban postergándose hasta que hay margen presupuestario. Históricamente se observa que las naciones primero se enriquecen y urbanizan, y después dirigen su atención a hacer ese desarrollo más inclusivo. Por ejemplo, los países escandinavos, hoy referencias en accesibilidad urbana y digital, solo emprendieron esfuerzos masivos en esa área a partir de los años 1970-80, cuando ya disfrutaban de un alto PIB per cápita y un amplio bienestar social. En general, las regiones desarrolladas tienden a tener mejores indicadores de accesibilidad, sea en transporte, edificios o conectividad digital, justamente porque disponen de más recursos para esos fines. Un indicador simple: en 2022, más del 90% de la población de los países de renta alta utilizaba internet, mientras que en las naciones de renta baja solo cerca del 25% tenía acceso. Esa enorme disparidad digital evidencia cómo el desarrollo económico (renta nacional) está ligado a la infraestructura y a la inclusión digital.
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Esa diferencia sugiere que solo tras alcanzar un nivel avanzado (en este caso, renta alta) los países consiguen conectar a casi toda su población. La falta de inversión en redes de telecomunicación y en alfabetización digital en los países pobres mantiene a gran parte de sus habitantes excluidos de internet, lo que a su vez los limita económicamente: un ciclo difícil de romper sin crecimiento inicial.

  • Las regiones y grupos internamente más desarrollados lideran las mejoras de accesibilidad: Dentro de un mismo país suele observarse que las localidades con mayor desarrollo humano y económico presentan mejor accesibilidad. En Brasil, por ejemplo, las unidades de la federación con mayor IDH y renta per cápita generalmente cuentan con infraestructura más adaptada: las ciudades del Sur y el Sudeste (más ricas) tienden a tener aceras estandarizadas, semáforos sonoros, mayor acceso a internet y programas de inclusión, en comparación con muchas ciudades del Norte y el Nordeste (más pobres). El propio IBGE reveló diferencias regionales: la región Nordeste, la menos desarrollada económicamente, tiene la mayor prevalencia de personas con discapacidad (10,3% de la población) y también las menores tasas de participación de esas personas en el mercado laboral (26,8%), mientras que el Centro-Oeste (económicamente más dinámico) presenta la mayor inclusión de personas con discapacidad en la fuerza laboral (35,7%). Ese contraste indica que donde hay menos desarrollo la accesibilidad enfrenta más desafíos, reforzando la idea de que el desarrollo es prerrequisito para la inclusión (ya que el Nordeste, con menos recursos, invierte e incluye menos). Además, las poblaciones con mejor condición socioeconómica individual consiguen suplir las lagunas de accesibilidad de forma privada: las familias ricas pueden adaptar sus casas, comprar equipos de apoyo importados, costear transporte particular adaptado, etc., mientras que las familias de baja renta dependen exclusivamente de las políticas públicas (que en los lugares pobres son escasas). Así, el avance económico y social general acaba siendo condición para que surja demanda y presión por accesibilidad, así como los medios para suplirla.
  • Los marcos legales de accesibilidad surgen en contextos de mayor desarrollo institucional: Otro punto es que las leyes y normas de accesibilidad suelen elaborarse e implementarse cuando la sociedad alcanza cierto grado de organización política y conciencia ciudadana, algo generalmente asociado a un nivel de desarrollo. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que promueve una inclusión amplia, fue ratificada principalmente por países que ya tenían democracias y economías estables. En Brasil, la Ley Brasileña de Inclusión (LBI), marco legal abarcador sobre los derechos de las personas con discapacidad, entró en vigor solo en 2016, década en la que el país ya era considerado de renta media-alta y había pasado por una mejora en sus indicadores sociales. Hasta entonces, aun existiendo algunas normas (como el Decreto 5.296/2004 sobre accesibilidad arquitectónica), la aplicación era limitada. Esto ilustra que las mejoras en accesibilidad muchas veces “siguen” a las conquistas de desarrollo: primero se expande el acceso a la educación, crecen las clases medias, se fortalece la participación social; entonces los grupos organizados demandan derechos, y el Estado dispone de recursos y estabilidad para legislar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de inclusión. En países muy pobres o en conflicto, lamentablemente la agenda de la accesibilidad rara vez gana tracción política.
  • Evidencias de correlación entre nivel de desarrollo e inversiones en accesibilidad: Diversos datos apuntan correlaciones como: los países con mayor PIB per cápita poseen porcentajes mayores de edificios públicos accesibles, sistemas de transporte con una edad media de flota más baja (autobuses y trenes más nuevos y generalmente accesibles) y mayor penetración de tecnologías de apoyo. Según un informe de la UIT y el Banco Mundial, las personas de los países de renta alta tienen no solo más acceso a internet, sino también acceso de mejor calidad (velocidades altas, banda ancha), mientras que en los países de renta baja, incluso los pocos conectados enfrentan baja calidad de conexión. Esto demuestra que el desarrollo tecnológico y económico proporciona la base material para la inclusión digital. De la misma forma, los indicadores de salud muestran que los países desarrollados consiguen invertir en prevención y rehabilitación, reduciendo o posponiendo discapacidades; en los países menos desarrollados, en cambio, prevalecen las discapacidades no atendidas (por ejemplo, la falta de vacunación o de cuidados prenatales genera más casos de discapacidad infantil). Así, en una etapa inicial de desarrollo, la sociedad lidia con altas demandas básicas (reducir la mortalidad, el hambre, el analfabetismo) y solo al progresar consigue asignar recursos para eliminar barreras arquitectónicas, implantar tecnologías de punta en accesibilidad, etc.
  • Críticas a la visión simplista “los ricos tienen accesibilidad, los pobres no”: Aunque la correlación existe, es importante notar que el desarrollo por sí solo no garantiza automáticamente la accesibilidad. Es posible que haya crecimiento económico sin inclusión: un desarrollo desigual. Algunos países petroleros muy ricos, por ejemplo, se enriquecieron rápido pero sin estructuras inclusivas equivalentes (muchas veces por falta de prioridad política). Los estudios académicos sugieren que la participación en la renta no es el factor único determinante de la accesibilidad, es decir, aumentar la renta de una región no asegura que mejore en accesibilidad si no hay políticas intencionales. Ese matiz se debate más adelante (Perspectivas Complementarias). Con todo, en general, esta corriente enfatiza que un cierto nivel de desarrollo económico y social es precondición práctica para implementar accesibilidad a gran escala: en las etapas iniciales, las sociedades enfrentarían dificultades para priorizar y costear tales iniciativas.

Resumiendo esta visión: el desarrollo crea las condiciones para la accesibilidad, sea proporcionando recursos financieros, generando conocimiento técnico o presión social para la inclusión. Así, los esfuerzos de políticas públicas deberían centrarse primero en promover crecimiento y desarrollo humano básico; la accesibilidad vendría como consecuencia natural o etapa siguiente de ese progreso. Un adagio ilustrativo sería: “Primero hacer el pastel (desarrollo), después repartirlo con todos de forma igual (accesibilidad)”, enfatizando la secuencia causal en la que el pastel necesita existir (que haya riqueza y estructura) antes de poder repartirse de forma inclusiva.

4. Perspectivas complementarias y debate crítico

Como suele ocurrir en temas complejos, las dos corrientes anteriores no son mutuamente excluyentes: en realidad, accesibilidad y desarrollo forman una relación dinámica de retroalimentación. Diversos especialistas argumentan que es necesaria una visión integrada, reconociendo que accesibilidad y desarrollo se influyen mutuamente en un ciclo. Algunos puntos de debate y síntesis:

  • Retroalimentación positiva (círculo virtuoso): La accesibilidad y el desarrollo pueden avanzar juntos en espiral ascendente. Por ejemplo, una ciudad que invierte en transporte público accesible permite que más personas estudien y trabajen (incluidas aquellas antes excluidas), lo que aumenta la productividad y el PIB local; ese crecimiento económico genera más recaudación de impuestos, que a su vez permite nuevas inversiones en infraestructura accesible, cerrando un círculo virtuoso. El desarrollo inclusivo genera más desarrollo. Los informes del Banco Mundial sobre América Latina observan exactamente eso: el crecimiento económico puro no basta para reducir las desigualdades existentes; es preciso incluir activamente a los grupos marginados para que el desarrollo sea sostenible. Cuando eso ocurre (por ejemplo, cuando las personas con discapacidad consiguen cualificarse y entrar en el mercado), contribuyen a la reconstrucción y el crecimiento de los países, haciendo el desarrollo más robusto. En suma, hacer el desarrollo accesible para todos multiplica sus beneficios generales.
  • Riesgo de retroalimentación negativa (círculo vicioso): Por otro lado, la falta de accesibilidad puede aprisionar a las sociedades en un bajo desarrollo, y el bajo desarrollo dificulta mejorar la accesibilidad: un círculo vicioso. Las poblaciones desatendidas (por ejemplo, personas con discapacidad sin educación ni trabajo) permanecen en situación de pobreza, representando un peso social en lugar de una fuerza productiva, y la pobreza genera más discapacidad (por falta de cuidados de salud, trabajos inseguros, etc.). Ese fenómeno (discapacidad y pobreza alimentándose mutuamente) está documentado globalmente y en Brasil. Si un país no rompe ese ciclo con políticas deliberadas, puede quedar atascado: sin inclusión no hay desarrollo pleno, y sin recursos del desarrollo no hay cómo promover la inclusión. La crítica aquí es que esperar a “hacerse rico para incluir” puede ser un error estratégico, pues la exclusión continuada frena el propio crecimiento que se busca. Muchos países de renta media o baja que adoptaron políticas inclusivas recogen frutos (por ejemplo, la inclusión educativa de las minorías en EE. UU. en la posguerra contribuyó al boom económico de las décadas siguientes). Por tanto, desde el punto de vista crítico, es necesaria la inversión en accesibilidad incluso en contextos de recursos escasos, para romper el círculo vicioso; de lo contrario, el desarrollo quedará incompleto y frágil.
  • Ejemplos de disociación parcial entre riqueza y accesibilidad: Países o ciudades con un nivel de renta similar pueden presentar grados de accesibilidad muy distintos, lo que sugiere que los factores culturales, políticos e institucionales pesan bastante. Por ejemplo, Tokio y Nueva York son megaciudades desarrolladas; ambas tienen metros centenarios. Tokio invirtió fuertemente en modernización y hoy posee una vasta accesibilidad en el transporte (ascensores, pavimentos táctiles, señalización universal), mientras que Nueva York todavía lucha por adaptar muchas de sus antiguas estaciones de metro. Esto muestra que la prioridad dada al tema y la continuidad administrativa son cruciales: el desarrollo económico es condición necesaria, pero no suficiente. En Brasil podemos comparar ciudades: Curitiba (Paraná) y Manaos (Amazonas) tienen un PIB per cápita no tan distante, pero Curitiba es referencia en urbanismo inclusivo (red integrada de autobuses accesibles, aceras estandarizadas), mientras que Manaos enfrenta desafíos básicos de infraestructura. Así, las políticas públicas intencionales y la planificación urbana definen si el desarrollo se convertirá o no en accesibilidad para todos. Sin voluntad política, el crecimiento puede darse de forma excluyente (beneficiando solo a quien ya no tenía limitaciones). Esa es una crítica frecuente: un desarrollo “ciego” puede profundizar desigualdades si no hay un enfoque en la inclusión.
  • Intersecciones con la sostenibilidad y la equidad: Desarrollarse con accesibilidad está alineado con los principios del desarrollo sostenible y la justicia social. En el debate actual se argumenta que no hay verdadero desarrollo si partes de la sociedad permanecen excluidas. Los indicadores de desarrollo moderno, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o los propios ODS, incorporan medidas de inclusión. Por ejemplo, el ODS 11 (Ciudades Sostenibles) trae metas explícitas de acceso de todos a un transporte seguro, accesible y sostenible. Esto refleja el consenso global emergente de que la accesibilidad no es un lujo, sino parte integrante del desarrollo de calidad. Los modelos de “ciudad inteligente” hoy incluyen la accesibilidad digital y arquitectónica como criterios esenciales. Por tanto, la dicotomía entre accesibilidad y desarrollo tiende a disolverse en un concepto de desarrollo inclusivo, que abarca ambos simultáneamente.
  • Limitaciones de datos y necesidad de mejores métricas: Una dificultad destacada en el debate es la falta de datos consistentes sobre accesibilidad, especialmente en los países en desarrollo. Muchas veces la falta de indicadores hace que los desafíos pasen desapercibidos o se subestimen. Sin datos, resulta difícil probar la relación causal y defender presupuesto para iniciativas accesibles. Afortunadamente, esto viene cambiando: el IBGE, por ejemplo, incluyó un módulo específico sobre personas con discapacidad en la PNAD Continua 2022, revelando disparidades importantes en Brasil (detalladas más adelante en el Capítulo En Brasil). Internacionalmente, organismos como la ONU y el Banco Mundial han enfatizado los datos desagregados por discapacidad y creado índices de accesibilidad. Esa mejora en la base de evidencias permitirá análisis más robustos en el futuro sobre cuánto impulsa la accesibilidad al desarrollo y viceversa, y qué estrategias funcionan mejor.
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En síntesis, el debate crítico apunta a que la accesibilidad y el desarrollo deben perseguirse de forma conjunta y coordinada. En lugar de ver una jerarquía (uno viene antes del otro), la visión contemporánea sugiere integración: las políticas de desarrollo necesitan incorporar la dimensión de la accesibilidad desde la planificación (mainstreaming), mientras que las políticas de accesibilidad deben defenderse incluso en escenarios de pocos recursos por su efecto potencialmente transformador. Adoptar ese enfoque integrado minimiza el riesgo de dejar grupos atrás, atendiendo al mantra de los ODS de “no dejar a nadie atrás”, y maximiza el potencial de crecimiento inclusivo.

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5. Metodología y uso de datos

Este estudio adopta un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, para investigar la cuestión propuesta. Se siguieron los siguientes pasos metodológicos y fuentes de datos:

  • Revisión bibliográfica y documental: Se realizó una investigación en informes de organizaciones internacionales (ONU, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud) y en literatura académica sobre accesibilidad y desarrollo. Esa revisión permitió identificar teorías (como las corrientes presentadas) así como datos estadísticos globales. Por ejemplo, utilizamos informes de la ONU sobre discapacidad y desarrollo (2018), documentos del Banco Mundial centrados en la inclusión en América Latina y estudios del IPEA y el IBGE en el contexto brasileño. La triangulación de fuentes garantiza robustez a los argumentos y evita sesgos de una única institución.
  • Datos cuantitativos comparativos: Se compilaron indicadores clave que capturan aspectos de accesibilidad y de desarrollo, para verificar correlaciones y tendencias. Entre ellos:

Las tasas de acceso a internet frente a la renta per cápita de los países (fuente: Banco Mundial/UIT), ya destacadas en la sección anterior, ilustrando la disparidad entre países de renta alta y baja.

  • Las estadísticas de participación económica de personas con y sin discapacidad (fuente: IBGE y Banco Mundial), por ejemplo el porcentaje de personas con discapacidad empleadas, los niveles de escolaridad y el ingreso medio, comparados con la población general, a fin de medir la brecha de inclusión. Esos números muestran cuán aprovechado o desperdiciado está el potencial de ese grupo en diferentes sociedades.
  • Las inversiones en infraestructura urbana accesible frente al PIB o al IDH, obtenidas de estudios de caso, como los presupuestos municipales destinados a aceras y transporte universal en ciudades con IDH distinto.
  • Los indicadores de desarrollo (IDH, PIB per cápita, tasa de urbanización) frente a los indicadores de accesibilidad (porcentaje de edificios públicos accesibles, existencia de legislación específica, etc.) en diferentes países, para identificar patrones generales.
  • Límites metodológicos: Cabe señalar que establecer una causalidad directa es un desafío. Aunque usamos términos como “impulsa” o “condiciona”, los datos aquí son mayoritariamente correlacionales. Siempre hay múltiples factores intervinientes (políticos, culturales) imposibles de aislar por completo. No se trata, por tanto, de probar matemáticamente una relación causal única, sino de interpretar un conjunto amplio de evidencias para inferir probables direcciones de influencia. Otra limitación fue la disponibilidad irregular de datos de accesibilidad: muchas veces tuvimos que basarnos en indicadores indirectos (como la participación de personas con discapacidad en el mercado laboral como señal de inclusión, o el acceso a internet como señal de inclusión digital). Esas limitaciones se reconocen y refuerzan la recomendación de mejorar la recogida de datos sobre accesibilidad en el futuro.

En suma, la metodología se cimienta en datos de fuentes confiables y en la triangulación analítica. A continuación pasamos a los resultados concretos de ese análisis, presentando una síntesis final y perspectivas futuras, además de un capítulo dedicado al escenario brasileño, que aplica esta discusión global a nuestra realidad local, con números del IBGE e iniciativas nacionales.

6. Conclusión y perspectivas futuras

Tras examinar los argumentos y las evidencias, queda claro que la accesibilidad y el desarrollo mantienen una relación simbiótica: uno influye en el otro en múltiples aspectos. No hay una respuesta simple del tipo “uno trae al otro” de forma unilateral; al contrario, el progreso social pleno exige avances concomitantes en inclusión y en crecimiento socioeconómico. Podemos sintetizar los principales aprendizajes obtenidos:

  • La accesibilidad impulsa el desarrollo, y viceversa: Invertir en accesibilidad es invertir en personas, liberando un potencial humano actualmente infrautilizado, lo que estimula la innovación, amplía mercados y fortalece la economía. Al mismo tiempo, sin una base de desarrollo (recursos, instituciones), tales inversiones difícilmente ocurren a escala. Por tanto, las políticas públicas eficaces deben integrar la accesibilidad a las estrategias de desarrollo desde el inicio, evitando la trampa de esperar la riqueza para solo entonces incluir. El desarrollo que ignore la accesibilidad será desigual e incompleto, desperdiciando hasta un 7% del PIB según las estimaciones, mientras que el desarrollo comprometido con la inclusión tiende a ser más sostenible y robusto.
  • Un círculo virtuoso que fomentar: Los ejemplos positivos demuestran una ecuación en la que todos ganan: las ciudades y los países que promovieron la inclusión recogieron beneficios económicos y sociales sustanciales. Sea la economía digital (donde la inclusión de más usuarios genera más innovación), la movilidad urbana (donde el transporte accesible reduce atascos y aumenta la eficiencia general) o la educación (donde las escuelas inclusivas elevan el nivel medio de capital humano), hay fuerte evidencia de retorno positivo. Esa constatación debe orientar a los formuladores de políticas a ver el gasto en accesibilidad no como un coste, sino como una inversión estratégica de desarrollo. Cada rampa construida, cada sistema de apoyo implantado, cada política de cuotas cumplida puede significar menos personas dependientes de asistencia y más personas productivas y participativas.
  • La importancia de las políticas públicas integradas: Las estrategias aisladas no bastan: se necesitan enfoques intersectoriales. Por ejemplo, de nada sirve formar profesionalmente a una persona con discapacidad si el transporte público o el edificio de oficinas no es accesible para que pueda trabajar; de la misma forma, equipar autobuses con elevadores es estupendo, pero si las aceras hasta la parada son malas, muchos usuarios seguirán excluidos. Así, los gobiernos deben crear planes abarcadores: urbanismo inclusivo + educación inclusiva + trabajo inclusivo + tecnología inclusiva, todo caminando junto. Modelos como el diseño universal proporcionan directrices para integrar esos aspectos en la raíz de los proyectos. Además, involucrar a las comunidades y a los propios beneficiarios en la planificación suele llevar a soluciones más eficaces y creativas, aumentando la adhesión y la optimización de los recursos.
  • Perspectivas futuras y recomendaciones:

– Datos y monitoreo: Es crucial mejorar la recogida de datos sobre accesibilidad. Las encuestas nacionales (como la PNS o la PNAD del IBGE) deben continuar midiendo regularmente la situación de las personas con discapacidad, la movilidad, el acceso digital, etc., permitiendo acompañar progresos o retrocesos. Los indicadores específicos de accesibilidad deberían formar parte de los índices de desarrollo. Esto ayudará a calibrar políticas y asignar recursos donde la relación coste-beneficio inclusivo sea mayor.

– Tecnología e innovación: El futuro trae oportunidades de saltos en accesibilidad vía tecnología: por ejemplo, los vehículos autónomos pueden ofrecer movilidad a personas ciegas y a quienes no conducen; las impresoras 3D pueden abaratar las prótesis; la inteligencia artificial puede mejorar los lectores de voz y las traducciones en tiempo real a lengua de señas. Es fundamental que los países en desarrollo también accedan y adopten esas innovaciones, acortando caminos que tardarían décadas por el método tradicional. Las alianzas internacionales y el sector privado tendrán un papel central aquí.

– Sensibilización y cultura: Además de las obras físicas y las tecnologías, hay un aspecto cultural. Las sociedades verdaderamente inclusivas valoran la diversidad y eliminan prejuicios, lo que a su vez facilita implementar medidas de accesibilidad (pues hay apoyo público). Las campañas de concienciación y educación sobre los derechos de las personas con discapacidad, el envejecimiento poblacional y la empatía generan capital social a favor de la inclusión, haciéndola parte del “ADN” del desarrollo.

– Financiación inteligente: Los países y municipios deben aprovechar mecanismos de financiación innovadores para la accesibilidad: por ejemplo, fondos internacionales (como el programa Accessible Cities de la ONU), alianzas público-privadas para adaptar el patrimonio histórico, incentivos fiscales para las empresas que invierten en accesibilidad (como exenciones para la compra de equipos de apoyo nacionales), entre otros. El coste inicial muchas veces intimida, pero unos modelos de financiación adecuados diluyen el impacto y garantizan la sostenibilidad de las iniciativas.

En conclusión, podemos afirmar que la pregunta propuesta, “¿la accesibilidad trae desarrollo o el desarrollo trae accesibilidad?”, tiene una respuesta de doble vía: un desarrollo de calidad debe traer accesibilidad, y más accesibilidad ciertamente traerá más desarrollo de calidad. El desafío para los gobiernos y la sociedad es romper los ciclos viciosos de exclusión y transformarlos en ciclos virtuosos de inclusión y prosperidad compartida. Los datos y argumentos presentados enfatizan la necesidad de tratar la accesibilidad no como un tema aparte, sino como componente central de los planes de desarrollo de aquí en adelante. Solo así alcanzaremos un nivel civilizatorio en el que el crecimiento económico, la equidad social y el respeto a las diferencias caminen juntos, enriqueciéndose mutuamente.

7. En Brasil

Volvamos la mirada a la realidad brasileña, explorando cómo se relacionan accesibilidad y desarrollo, con base en datos del IBGE y otras fuentes nacionales, y comparando con el contexto global. Brasil ofrece un panorama interesante: es la mayor economía de América Latina, con un nivel de renta media-alta, pero marcado por desigualdades regionales y sociales significativas, incluso en lo que respecta a la inclusión de las personas con discapacidad y a la accesibilidad urbana y digital.

Datos generales del IBGE sobre personas con discapacidad en Brasil: de acuerdo con la PNAD Continua 2022, Brasil tenía cerca de 18,6 millones de personas con algún tipo de discapacidad (8,9% de la población de 2 años o más). Ese porcentaje es menor que la media mundial (~15%), pero las definiciones varían; en todo caso, se trata de un contingente poblacional expresivo (casi 1 de cada 10 brasileños). La distribución por tipo de dificultad funcional es variada: las más frecuentes se refieren a la dificultad para desplazarse (3,4% de la población), la dificultad para ver incluso con gafas (3,1%) y la dificultad para aprender o concentrarse (2,6%). La prevalencia de la discapacidad aumenta mucho con la edad: el 47,2% de las personas con discapacidad tiene 60 años o más, reflejando el envejecimiento poblacional e indicando que la accesibilidad será cada vez más crítica en las próximas décadas (pues la población mayor está creciendo). También hay variación regional: el Nordeste registra la mayor proporción de personas con discapacidad (10,3%) y el Sudeste la menor (8,2%), posiblemente por cuestiones socioeconómicas (mayores índices de pobreza y condiciones de salud precarias en el Nordeste llevan a más discapacidades adquiridas a lo largo de la vida).

Las desigualdades de desarrollo se traducen en desigualdades de inclusión: los datos del IBGE dejan al descubierto disparidades marcadas entre personas con y sin discapacidad en prácticamente todos los indicadores socioeconómicos. Esto refuerza la tesis de que la falta de accesibilidad e inclusión está ligada a un menor desarrollo humano de ese grupo. Veamos algunos puntos clave de la encuesta de 2022:

  • Educación: La escolaridad de las personas con discapacidad es muy inferior a la del resto de la población. La tasa de analfabetismo entre las personas con discapacidad de 15 años o más es del 19,5%, mientras que entre las personas sin discapacidad es de solo el 4,1%. Es decir, casi 1 de cada 5 brasileños con discapacidad es analfabeto, un índice equivalente al del Brasil de los años 1980, mostrando cuánto se ha quedado atrás ese segmento educativamente. Además, solo el 25,6% de las personas con discapacidad concluyó al menos la enseñanza media, frente al 57,3% de las personas sin discapacidad. En el nivel superior, la disparidad también es grande: solo el 7,0% de las personas con discapacidad tiene título universitario, frente al 20,9% de las que no la tienen. Esos números indican barreras significativas en el acceso a la educación, sea por falta de escuelas accesibles, escasez de apoyo (como intérpretes de lengua de señas o material adaptado), o abandono causado por el capacitismo y las dificultades de desplazamiento. Aunque leyes como la LBI garantizan recursos de accesibilidad en la educación, en la práctica muchos alumnos con discapacidad quedan fuera de la escuela o aprenden menos de lo que podrían. Esa baja cualificación educativa limita sus oportunidades de empleo y renta, cerrando un ciclo de menor desarrollo individual.
  • Mercado laboral: Las diferencias se acentúan en la vida adulta. En el tercer trimestre de 2022, la tasa de participación en la fuerza laboral (personas trabajando o buscando empleo) de las personas sin discapacidad era del 66,4%, mientras que entre las personas con discapacidad era de solo el 29,2%. Es decir, menos de un tercio de las personas con discapacidad en edad activa estaba inserto en el mercado, frente a dos tercios de las demás: una brecha enorme. Incluso entre quienes tenían nivel superior, la participación fue del 54,7% (personas con discapacidad) frente al 84,2% (sin discapacidad), mostrando que ni siquiera la alta escolaridad elimina la diferencia, posiblemente por discriminación o por ambientes de trabajo poco accesibles. La tasa de ocupación (porcentaje efectivamente empleado) fue del 26,6% para las personas con discapacidad frente al 60,7% para las personas sin discapacidad; en otras palabras, de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar, solo una estaba de hecho trabajando. Entre la población ocupada total de Brasil, solo el 4,7% eran personas con discapacidad, mientras que estas representan alrededor del 8,9% de la población, lo que indica una clara subrepresentación en el empleo. Además, la mayoría de las personas con discapacidad que trabajan están en posiciones más vulnerables: el 55,0% de los ocupados con discapacidad está en la informalidad, frente al 38,7% de los ocupados sin discapacidad. Hay también una mayor concentración en el trabajo por cuenta propia (36,5% de las personas con discapacidad frente al 29,0% de las personas sin discapacidad, en el caso de los hombres), posiblemente porque emprender por cuenta propia a veces sortea las puertas cerradas del empleo formal. Estos datos evidencian que la falta de accesibilidad en el mundo del trabajo y la menor formación educativa resultan en exclusión económica, con las personas con discapacidad teniendo mucho menos acceso a empleos formales y quedándose más en ocupaciones precarias. En consecuencia, su nivel de renta es inferior.
  • Renta: El ingreso medio mensual de una persona con discapacidad ocupada es cerca de un 30% menor que la media nacional. En valores de 2022, las personas con discapacidad ganaban en promedio 1.860 reales al mes, frente a 2.690 reales de las personas sin discapacidad. Esa disparidad refleja, además de los menores niveles educativos, eventuales discriminaciones salariales y el hecho de estar en trabajos informales o peor remunerados. La desigualdad de género se suma: las mujeres con discapacidad ganaban en promedio 1.553 reales, muy por debajo de los hombres sin discapacidad (2.941 reales). Con menor renta y participación laboral, es más probable que las personas con discapacidad dependan de prestaciones sociales o de la familia, lo que puede limitar su desarrollo e inclusión social plenos.
  • Indicadores de calidad de vida: Las condiciones de vida también difieren. Aunque el IBGE 2022 no trata directamente todos ellos, investigaciones anteriores mostraron, por ejemplo, menores tasas de acceso a la salud y mayor incidencia de pobreza entre las familias con personas con discapacidad. Un dato citado por el Banco Mundial para América Latina es que uno de cada cinco hogares en pobreza extrema tiene un miembro con discapacidad, lo que ilustra la conexión entre discapacidad y vulnerabilidad socioeconómica. En Brasil, el BPC (Beneficio de Prestación Continuada) atiende a millones de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema, lo que confirma esa correlación.

Estos números delinean claramente que, en Brasil, las personas con discapacidad han sido dejadas atrás en el proceso de desarrollo: menor escolaridad, empleo y renta indican un menor desarrollo humano de ese grupo, lo que también representa un freno al desarrollo nacional (menos gente produciendo riqueza, más demanda de asistencia). Hay, por tanto, amplio espacio y necesidad de acciones que rompan ese ciclo.

Políticas e iniciativas brasileñas: Brasil posee un marco legal relativamente avanzado en favor de la accesibilidad. Además de la LBI (Ley n.º 13.146/2015), que garantiza derechos en educación, transporte, trabajo y comunicación e impone estándares de accesibilidad, hay leyes anteriores como la Ley de Cuotas (Ley n.º 8.213/1991), que exige que las medianas y grandes empresas reserven del 2% al 5% de sus vacantes a personas con discapacidad. También existen normas técnicas brasileñas (ABNT NBR 9050) que detallan los requisitos de accesibilidad arquitectónica. Muchas ciudades tienen Consejos Municipales de la Persona con Discapacidad que participan en las políticas locales. Programas como “Viver sem Limite” (Vivir sin Límite, lanzado en 2011) buscaron articular acciones en diversas áreas, y hubo una expansión de los centros de rehabilitación (Red de Cuidados a la Persona con Discapacidad en el SUS).

Sin embargo, el desafío en Brasil es la implementación efectiva y homogénea de esas políticas en un país continental y desigual. Algunos avances son notables: por ejemplo, prácticamente el 100% de la flota de autobuses urbanos en capitales como São Paulo y Curitiba ya tiene elevadores o piso bajo; las nuevas edificaciones siguen más las normas de accesibilidad; la presencia de intérpretes de lengua de señas en la televisión y en los eventos se volvió común; en las escuelas se pasó a incluir a los niños con discapacidad en clases regulares (el número de alumnos con discapacidad en escuelas comunes creció mucho en la última década). Con todo, persisten problemas estructurales: aceras con baches, falta de señalización táctil y sonora en muchas ciudades, transporte público insuficiente en zonas rurales, edificios gubernamentales antiguos sin adaptación, baja oferta de libros accesibles, etc. Además, el cumplimiento de la Ley de Cuotas en el mercado laboral no siempre es completo: muchas empresas alegan dificultad para encontrar candidatos cualificados, lo que remite nuevamente al déficit educativo.

Comparando globalmente, Brasil está a medio camino: no alcanzó el nivel de accesibilidad de los países desarrollados, pero tiene políticas y conciencia social superiores a las de muchos países de renta equivalente. Por ejemplo, en accesibilidad digital, Brasil ya ha sido sede de conferencias internacionales y varias empresas adoptan las directrices WCAG en sus sitios; sin embargo, en la práctica, el 61% de los hogares conectados a internet (2017) sigue siendo bajo y hay un abismo entre clases sociales en el acceso. En urbanismo, las ciudades brasileñas figuran de forma intermedia en los rankings de accesibilidad: muy por detrás de las ciudades europeas, pero mejor que las metrópolis de países más pobres.

Ejemplos ilustrativos nacionales:

  • Urbanismo: Curitiba, referencia ya citada, recoge resultados económicos de décadas de planificación inclusiva del transporte. En cambio, otras ciudades que crecieron de forma desordenada sufren hoy atascos y falta de movilidad para todos, lo que afecta a su productividad.
  • Tecnología de apoyo nacional: Brasil produce algunas tecnologías de apoyo (como sillas de ruedas motorizadas y software como DOSVOX para personas ciegas). Invertir en ese sector podría generar innovación local y exportaciones. Aquí vemos cómo el desarrollo tecnológico puede tanto ayudar a la accesibilidad como ser impulsado por ella.
  • Educación inclusiva: El estado de Ceará, a pesar de ser pobre, tiene experimentos exitosos de educación inclusiva con apoyo de UNICEF, mostrando que incluso en un contexto de bajo PIB per cápita las buenas prácticas pueden mejorar el acceso educativo de los alumnos con discapacidad, reflejándose en mejores índices futuros. Esto refuerza que la voluntad política y una gestión eficiente pueden mitigar la limitación de recursos, rompiendo la idea de que solo el rico hace inclusión.

Desafíos y caminos para Brasil: Brasil necesita conciliar su esfuerzo de desarrollo con la reducción de las desigualdades en accesibilidad. Algunas direcciones importantes: ampliar la accesibilidad en el transporte y los espacios públicos de todas las ciudades (no solo las capitales); fortalecer la educación inclusiva desde la primera infancia (formando profesores, ofertando recursos multifuncionales en las escuelas); fomentar la cualificación profesional de las personas con discapacidad para que ocupen puestos de trabajo de mayor renta (atacando la raíz de la no contratación, que es muchas veces la falta de formación); usar el poder de compra del Estado para exigir accesibilidad (contratando solo empresas accesibles, por ejemplo); y promover campañas que cambien percepciones, ya que muchas personas con discapacidad relatan que la barrera actitudinal es tan dañina como la física.

En términos de comparación global, Brasil, siendo la novena economía del mundo, está en condiciones de liderar en América Latina la agenda de desarrollo inclusivo. La experiencia brasileña, si consigue implementar plenamente sus leyes, puede servir de modelo para los países vecinos de renta media. Por ahora, todavía enfrentamos contradicciones: avances legales y algunos programas exitosos frente a la realidad diaria de millones con acceso limitado.

Retomando la pregunta central en el contexto brasileño: ¿la accesibilidad trae desarrollo o el desarrollo trae accesibilidad? Aquí también vemos que es una vía de doble sentido. Por ejemplo, los datos del IBGE sugieren que donde hubo más desarrollo (Sur y Sudeste) hubo un poco más de inclusión, pero también revelan que la falta de inclusión frenó el desarrollo de parte de la población (las personas con discapacidad). Brasil solo alcanzará un desarrollo pleno (y las metas de los ODS) si consigue integrar la accesibilidad en su agenda de crecimiento. Esto significa, en la práctica, transformar las excelentes leyes en práctica concreta, con presupuesto y fiscalización, para que toda persona, independientemente de sus limitaciones, pueda estudiar, trabajar, consumir, desplazarse e interactuar libremente.

El Capítulo En Brasil nos muestra, por tanto, tanto los costes de la exclusión (millones fuera del mercado, ingresos menores, talentos desperdiciados) como las ganancias potenciales de la inclusión (si aquellas tasas de educación y empleo de las personas con discapacidad se igualaran a las de la media, tendríamos millones de trabajadores y estudiantes más, aumentando la productividad y la renta nacional). En un país en el que se busca crecimiento económico con justicia social, queda patente que la accesibilidad no es un asunto segmentado, sino parte de la solución para el desarrollo. Integrar definitivamente esas agendas es el desafío y la oportunidad que se le plantea a Brasil en los años venideros.

La experiencia brasileña reafirma la necesidad de apalancar la accesibilidad como instrumento de desarrollo. La cuestión planteada en el título es particularmente relevante para nosotros: debemos promover simultáneamente inclusión y crecimiento. Si “la accesibilidad trae desarrollo”, debemos verla como una inversión urgente; y “el desarrollo trae accesibilidad” nos recuerda no descuidar la inclusión conforme avanzamos económicamente. Para que en un futuro próximo podamos decir que el desarrollo brasileño, además de elevado en números, es de hecho desarrollo para todos, sin dejar a nadie al margen.

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Referências Bibliográficas e Fontes de Dados:

Stanford Social Innovation Review, “The Curb-Cut Effect”, 2017 (The Curb-Cut Effect).

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